Representantes del Parlamento Europeo y de la V Misión Internacional de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos sostuvieron en Chihuahua una reunión de trabajo con autoridades del Gobierno del Estado y organismos de la sociedad civil mexicana. El objetivo fue evaluar la crisis de desplazamiento forzado interno en la región e impulsar un plan integral de atención con perspectiva a largo plazo.

Delegados internacionales y activistas expusieron lo recabado en una gira por comunidades afectadas de la Sierra Tarahumara, entre ellas Guadalupe y Calvo, Baborigame y Parral, y por los municipios receptores de Chihuahua, Aldama, Cuauhtémoc y Delicias. Ahí escucharon a familias y comunidades indígenas que perdieron sus hogares, tierras y proyectos de vida debido a la violencia.

La eurodiputada Diana Riba explicó que el desplazamiento en Chihuahua responde a causas estructurales interconectadas: la violencia del crimen organizado, la impunidad y las disputas por el territorio y los recursos naturales. También pidió corresponsabilidad a empresas extranjeras, incluidas europeas y canadienses, para que respeten los derechos humanos al invertir en sectores como la minería o la tala. «Detrás de las cifras hay nombres e historias de vida muy dolorosas que deben acompañarse. Sin datos transparentes es muy difícil diseñar políticas públicas efectivas y decidir qué leyes proyectar a futuro», señaló Riba.

Mariana Villareal, coordinadora de emergencia de la red RED TDT, afirmó que la falta de coordinación gubernamental perjudica gravemente el acceso a la salud, la vivienda, la educación y el trabajo de las familias afectadas.

Las organizaciones plantearon a las autoridades estatales cuatro ejes prioritarios. Entre ellos están dimensionar el fenómeno con una metodología unificada para diseñar políticas públicas basadas en evidencia, coordinar formalmente a los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) junto con la sociedad civil, y establecer un plan integral con presupuesto fijo para 2027. Este último incluye asignar una partida presupuestaria específica para personas desplazadas.